Por Diego Gorgal
La crisis reveló que falló el cálculo político de estirar la transición para alargar la luna de miel hasta marzo.Superada ya la crisis por la triple fuga y el operativo de búsqueda y captura de los prófugos, ambos sucesos arrojaron lecciones que deben ser rápidamente aprendidas por las nuevas administraciones. Estas deben servir para corregir las fallas estructurales expuestas del sistema de seguridad y evitar repetir los errores políticos en los que se incurrió.En primer lugar, la fuga puso en evidencia que el sistema policial, judicial y penitenciario bonaerense se encuentra sumido en un entramado de corrupción estructural que afecta la naturaleza de aquellas instituciones, al desviarlas de su misión: en lugar de proteger a los ciudadanos, protegen a los delincuentes. Junto con el grave deterioro de sus capacidades humanas, tecnológicas y materiales, aquello ha hecho que las fugas y evasiones sean una constante.Al mismo tiempo, la triple fuga destapó errores de cálculo político. La agenda de seguridad de la nueva administración provincial contemplaba dos hipótesis de conflicto: los desórdenes de fin de año y el Operativo Sol. En virtud de ello, la nueva gestión de seguridad alabó lo hecho en la materia por la administración saliente, y pactó la continuidad de buena parte de las estructuras civiles y policiales. Se suponía que esto permitiría una transición suave y ordenada, de modo de prolongar la “luna de miel” durante el verano, y así empezar a tomar decisiones de fondo en marzo. Esta idea, pulcra en los papeles, se chocó con la realidad. Dejar en funciones a policías con “fecha de vencimiento” no es una buena idea en la poca civilizada provincia de Buenos Aires.La nueva gestión pactó la continuidad de buena parte de las estructuras civiles y policiales, porque imaginó una transición suave, para prolongar la “luna de miel” durante el verano.También la administración nacional cometió un grueso error de cálculo al suponer que la crisis por la fuga podría ser encapsulada dentro de los límites bonaerenses. Desde el momento que los fugados cruzaron a Santa Fe, el asunto pasó a ser un problema federal. Desde hace muchos años, los problemas de seguridad bonaerenses tocan las puertas del gobierno nacional, muy pesar de sus funcionarios. Esto debe servir para prever los próximos cuatro años de gestión.
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