Por Luciano Chiconi @mazorcablanca
El flamante gobierno de María Eugenia Vidal se ha visto forzado, desde el principio, a maniobrar sobre una agenda política que no era la prevista como propia y que se le impone desde afuera a partir de una prolongada realidad caótica de la provincia de Buenos Aires que ahora estalla en varias fases: a la corrupción y las falencias operativas de las fuerzas de seguridad y el vaciamiento financiero que deja la gestión Scioli, se suma la aplicación de la ley de paritarias municipales como otro eje de conflicto heredado por la gobernadora.
Desde el retorno de la democracia hasta estos días convulsos para definir la vigencia de la nueva ley, el régimen laboral del empleado municipal nunca estuvo entre las prioridades del poder político. El régimen legal derogado en la víspera (ley 11757), sancionado por Duhalde en 1995, fue celoso custodio de la viabilidad financiera de los municipios y los intendentes coronaron esa postura defensiva sin iniciativa política para avanzar en reformas parciales de la ley.
Ese estado de cosas se mantuvo sin cambios hasta hoy, y es precisamente durante la década kirchnerista cuando se verifica el rezago salarial del municipal bonaerense frente a los empleados públicos provinciales y sobre todo, nacionales. La gestión Scioli se dedicó sistemáticamente (en sincronía con la Federación Argentina de Municipios –FAM- que agrupa a la vieja guardia de barones) a frenar y dilatar cualquier mejora del régimen laboral de los municipales. A partir de 2007, algunos intendentes de la camada renovadora (Massa en Tigre) se comenzaron a preocupar por el tema y sancionaron ordenanzas de paritarias para sus municipios, pero aun hoy son una exigua minoría...
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