Como afirmo que la batalla cultural, capitulo "Clarin/TN", c'est fini, caput, crepó, no me ocupo tanto de lo que andan escribiendo los periodistas, pero lo que viene lo incluyo por que se trata de prejuicios del periodista.
No lo hago tanto por su ideología, tengo otros motivos (tantos como principios, así que si no les gusta los cambio). Lo hago por la otra batalla cultural que no tiene que ver con sostener a un gobierno débil (¿?) sino desterrar formas de pensar que nos tienen prisioneros tanto a los que no somos derecha ni izquierda, como a aquellos que dicen ser de derecha o de izquierda (fíjense si no en los comentarios que se hicieron al posteo sobre los "chicos" que andan desocupados y subocupados).
El elegido para ser ejemplo es Adrián Ventura prestigioso periodista del mas que prestigioso diario porteño(céntrico) La Nación, que nos comenta que la Corte Suprema de Justicia podría realizar una audiencia pública para debatir una demanda que presentó una mujer en situación de calle (con hijo discapacitado) que le reclamó al gobierno de Mauricio Macri el derecho a obtener una vivienda digna.
En mi opinión en su articulo Ventura toca el tema presentando innecesariamente características del sujeto en cuestión que en nada sirven a la información de los hechos, confunden y de manera indirecta alimenta.la xenofobia.
Cabe destacar que el periodista aborda el tema dos veces ( 6 y 7 de setiembre en la edicion digital. el trato prudente, objetivo de la noticia que hace el día 6, se va la mierda el día 7.
La edición digital está muy cuidada pero la de papel es la que me llama la atención.
En la digital podemos leer la nota (las negritas subrayadas las puso el negrito que escribe este blog)
Expectativa por un caso
La Corte analiza un pedido de vivienda al gobierno porteño
http://www.lanacion.com.ar/1403730-la-corte-analiza-un-pedido-de-vivienda-al-gobierno-porteno
La Corte Suprema podría realizar una audiencia pública para debatir una demanda que presentó una mujer en situación de calle que le reclamó al gobierno de Mauricio Macri el derecho a obtener una vivienda digna. Todavía no se tomó la decisión que los jueces del alto tribunal comenzaron a evaluar en el último acuerdo.
Pero, de realizarse ese acto público, el caso "Q.S." podría generar una enorme expectativa, no sólo por la importancia del derecho que se discutiría en esa audiencia, sino también por la enorme repercusión fiscal que podría tener tanto para el Estado nacional como para las provincias y municipalidades.
Los jueces estaban tratando de llegar a un consenso sobre la fecha de esa posible audiencia -que podría realizarse antes de fin de año-, aunque en la Corte no todos tienen el mismo grado de convencimiento sobre la conveniencia de llevar ese caso a un debate oral y público.
La demanda fue presentada hace seis años por Q.S. (una mujer de quien se conoce su nombre, pero se lo reserva para preservar su intimidad), que vive en situación de calle junto con su hijo discapacitado.
La señora obtuvo una sentencia favorable en un juzgado porteño y la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad rechazó el recurso que presentó el gobierno de Macri. Pero el Tribunal Superior, finalmente, lo revocó. Por eso, el tema llegó a estudio de la Corte por vía de recurso extraordinario.
El derecho a la vivienda digna está reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, pero no hay acuerdo ni claridad sobre sus alcances. ¿Significa que el Estado debe regalarle una vivienda? ¿Debe dar un crédito blando para que la persona la compre y pague el crédito? ¿O se satisface dando alojamiento gratuito en inmuebles de la ciudad? En el caso, Q.S. pide que la ciudad le entregue una vivienda.
Obviamente, como todo caso que resuelve la Justicia, la sentencia que eventualmente se dicte tiene efectos para el caso particular. Y, además, la Corte, cada vez que enfrenta un caso cuya decisión puede tener efectos expansivos, trata de hacer hincapié en las particularidades del caso, para demostrar que su fallo no se multiplicará una infinita cantidad de veces.
Sin embargo, lo cierto es que la Corte, bajo la presidencia de Ricardo Lorenzetti, viene dictando una jurisprudencia marcadamente protectora de los derechos sociales.
Efecto multiplicador
En el caso de los jubilados, cuando resolvió el caso Badaro y reconoció el derecho patrimonial de un jubilado a obtener un ajuste de su haber, la Corte hizo hincapié en las particularidades del caso para decir que otras sentencias similares irían goteando de a poco. Pero lo cierto es que en la actualidad hay casi 400.000 jubilados que demandan la aplicación del caso Badaro y la Corte ya aplicó su fallo en otros miles de expedientes.
Lo mismo podría ocurrir con la sentencia que eventualmente se pudiera dictar en el caso Q.S.
En la Argentina hay un índice elevado de pobreza y muchas personas viven en situación precaria (según la evaluación muy conservadora que dio el último censo, son 444.000 personas).
Esto ocurre en todas las provincias, pero especialmente es más relevante en los grandes centros urbanos, que por su potencial atraen a personas de otras regiones que buscan trabajo y más oportunidades.
La noticia es aséptica en forma total, y tanto extraña y exaspera en un diario que está tratando de bajar su intervención en la conflictividad imperante que un comentarista le impreca
Ventura cuenta el caso, pero no emite opinión acerca de como se debería resolver. No suele actuar así muchas veces, sino más bien lo contrario.
Sangre, las barras bravas de todas las veredas quieren ver que corra sangre.
Nada me hizo suponer que al otro día pudiese firmar un auto-plagio editorializado que contemplaba el registro que los lectores de La Nación exigen, después de todo ¿que es un medio sin sus lectores?.
Y Ventura vuelve a la carga con esto (las negritas subrayadas y tachadas son mías)
Miércoles 07 de septiembre de 2011 | Publicado en edición impresa
Polémica en la ciudad
Reclamará un (sic) casa propia ante la Corte
http://www.lanacion.com.ar/1404081-reclamara-un-casa-propia-ante-la-corte
Por Adrián Ventura | LA NACION
El miércoles próximo, una mujer de nacionalidad boliviana, que vive en la calle junto con su hijo discapacitado, defenderá ante la Corte Suprema el derecho a que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le entregue una vivienda digna.
La audiencia a la que convocó la Corte no sólo muestra el fuerte perfil social del tribunal que preside Ricardo Lorenzetti, sino que, también, genera incertidumbre por el fuerte impacto fiscal que un eventual fallo puede tener sobre los presupuestos de la ciudad, de las provincias e, incluso, del Estado nacional. Claro que si la mujer y la ciudad -interesada en no pagar el costo político del caso y eliminar el riesgo de un fallo adverso- llegan a un acuerdo, el caso se cierra y la audiencia no se realiza.
La demanda fue planteada en 2005 porSonia Quisberth Castro, quien duerme en las veredasde Pichincha y Brasily cuyo hijo, de seis años, padece una encefalopatía crónica. No tiene vivienda, ni trabajo, ni obra social.
La mujer reclamó ante un juzgado en lo contencioso administrativo porteño que la ciudad le entregara una casa o que le pagara el costo de un alojamiento. Por eso planteó la inconstitucionalidad del decreto 690/06, que reconoce un subsidio limitado a diez cuotas de 450 pesos a las personas que están encuadradas en el Programa Atención a Familias en Situación de Calle.
Está previsto que en la audiencia participen el defensor general porteño, Mario Kestelboim; el procurador general de la Nación, Esteban Righi, y también los representantes del gobierno de Mauricio Macri.
El gobierno porteño admitió que la mujer está en situación de calle, pero sostuvo que no es el Poder Judicial, sino el propio gobierno, el que debe fijar el monto de un subsidio. De otra forma -aseveró-, la Justicia invadiría las facultades privativas de la administración.
Sin embargo, el juzgado porteño dictó, primero, una medida cautelar que incluyó a la mujer y a su hijo en un programa habitacional y, posteriormente, hizo lugar a la demanda: el tribunal le ordenó a la ciudad que, "mientras subsista la situación de calle, les preste adecuada asistencia habitacional, ya sea mediante la continuación de las prestaciones previstas en el decreto 690/06 o bien incorporándolos a cualquier otro plan habitacional".
El gobierno porteño apeló el fallo, pero la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña condenó a la ciudad: hizo hincapié en la "situación de vulnerabilidad" del grupo familiar y dijo que el monto del subsidio "podría resultar insuficiente". Por eso ordenó "proveer un subsidio que asegure un alojamiento en condiciones dignas de habitabilidad".
El Superior Tribunal de Justicia de la ciudad, en cambio, revocó el fallo y Quisberth presentó un recurso ante la Corte.
La Constitución reconoce a extranjeros los mismos derechos que a los argentinos y, además, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que firmó la Argentina, y la Constitución porteña reconocen el derecho a la vivienda digna.
El Superior Tribunal porteño en otro caso anterior -Alba Quintana- había afirmado que el derecho a la vivienda digna no implica reconocer el derecho a obtener en forma inmediata una casa, pero sí reconoció que los subsidios son un medio paliativo..
En tanto que la edicion de papel del dia 7 de setiembre incluye una vez más -o sea dos veces- la nacionalidad de la sra QS., para que quede clara. Dato innecesario de incluir en la información por que resulta superfluo, no se informa "mujer petisa", "mujer alta", "teñida de rubio", "que usa anteojos", simplemente por que no hace a la cuestión, si fuera un dato relevante cabría, pero aqui resulta tan desubicado como chupete en el tuje.
Polémica en la ciudad
Reclamará un (sic) casa propia ante la Corte
Una mujer boliviana pide una vivienda digna
Por Adrián Ventura | LA NACION
El miércoles próximo, una mujer de nacionalidad boliviana, que vive en la calle junto con su hijo discapacitado, defenderá ante la Corte Suprema el derecho a que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le entregue una vivienda digna...
Y ahí si, todos contentos, orgasmo de xenofobia, en cuanto al calculo del daño colateral provocado a la sra QS, violatorio de su intimidad por que aporta datos concretos que pueden identificar a la sra QS (que debe ser protegida) y que abiertamente la discrimina en razón de hacer notar su nacionalidad cuestión ajena al núcleo de la información, nada dicen en La Nación los días posteriores a la publicación, tudo bem, tudo legal.
Ayy, ay, con este muchacho que se corrige a si mismo y me pregunto ¿para que?. Si fuese mal pensado diría que tal vez sea para estimular una "kristalnnacht" sudaca, como no lo soy quiero creer que no hubo mala fe de su parte, me inclino a creer que debe(ría) pedir disculpas.
En fin, creo que califica como caso digno de llevar ante el INADI.
O.b
C O N V E N C I Ó N I N T E R N A C I O N A L S O B R E L A E L I M I N A C I Ó N D E TODAS L A S F O R M A S D E D I S C R I M I N A C I Ó N R A C I A L
Art. I.- ... la expresión "discriminación racial" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
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