El post de Marisa Alvarez

Concluye una semana singular. Arrancó el domingo, cuando Cristina apoyó la celebración oficialista del “día de la democracia”, en Plaza de Mayo, en las actuaciones de Charly García y Fito Páez. Siguió el miércoles y jueves, con la exhibición de Roger Federer, con Juan Martín Del Potro como partenaire, que montó el intendente de Tigre, Sergio Massa. Una movida -con un platense, Guillermo Marín, entre sus promotores- que incluyó figuras de la farándula vernácula, desde Jorge Rial como locutor del evento, hasta Susana Giménez, Guillermo Francella y Florencia de la V entre los “invitados especiales” (y entre quienes estuvo también el juez federal Norberto Oyarbide, tan insultado por la mayoría de los asistentes al show tenístico que se tuvo que ir). Y concluyó ayer, con Daniel Scioli protagonizando un acto de demostración de fuerza de cara al futuro, en el que se intercalaron actuaciones de Cacho Castaña, Karina “la princesita”, La Mosca, Julio Iglesias y Nacha Guevara, más Verónica Varano bailando cumbia para deleite de la platea masculina.
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Nuevamente han sido los sectores ultra K, en general no peronistas o críticos del PJ formal, los que han salido en las últimas semanas, desde el oficialismo bonaerense, a alimentar públicamente la postura asumida por la Casa Rosada frente a la Justicia. Sectores que, más aún, han funcionado como precursores de la avanzada sobre el Poder Judicial motorizando, y logrando imponer en algunos casos, cambios en las normas que regulan las designaciones de magistrados y la supervisión de sus desempeños, así como reformas en algunas estructuras clave del sistema de Justicia; movidas que recién ahora se “anuncian” a nivel nacional.

Es el ultrakirchnerismo-cristinismo bonaerense, en efecto, el sector que -con el acompañamiento pasivo del sciolismo y activo de la oposición en algunas reformas- viene impulsando desde hace meses en la Legislatura cambios de normas que han generado durísimos rechazos desde la propia Justicia y los foros de abogados (como el proyecto de “revisión periódica” del desempeño y la salud de los jueces) y hasta desde entidades de Derechos Humanos (en el caso de la división de la Procuración de la Corte).

Con algunos de esos cambios ya convertidos en ley y otros postergados, la Provincia resulta, así, el banco de pruebas que el ultrakirchnerismo se propone ahora plasmar a nivel nacional tras su mayúsculo enojo con magistrados que no se han manejado en sintonía con las pretensiones del oficialismo en el expediente por la Ley de Medios.

Nota completa en http://www.eldia.com.ar/edis/20121216/La-politica-puro-show-opinion6.htm